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En la región, actualmente se encuentran en desarrollo, entre otros dos conflictos interestatales, que de no mediar la diplomacia, pueden llegar a escalar hasta la guerra, fundamentalmente debido a que existen antecedentes políticos e históricos que los hacen de difícil solución.
De acuerdo con un estudio realizado durante tres años por “The Carnegie Commission on Preventig Deadly Conflict”, entre los factores y las condiciones que pueden conducir a una sociedad a la guerra son:
 Estado débil, desintegrado o corrupto.
 Regímenes represivos o ilegítimos.
 Discriminación contra ciertos grupos sociales y/o étnicos.
 Manejo inadecuado de las diferencias religiosas, culturales o étnicas.
 Comunidades religiosas políticamente activas que promueven mensajes hostiles y disgregantes.
 Legado político y económico del colonialismo y/o Guerra Fría.
 Cambios políticos y económicos repentinos.
 Alto índice de analfabetismo y enfermedades.
 Depósitos de armas y municiones
 Amenaza en las relaciones regionales.
El estudio, también menciona que “cuando las diferencias permanentes son explotadas por políticos demagogos, esta actividad favorece la escalada de la violencia.
Actualmente, si damos una mirada al panorama latinoamericano, la realidad nos demuestra que varios de éstos signos se están encubando en la región, lo que tarde o temprano pueden llevar a la declaración de conflictos armados interestatales.
Es así como vemos por ejemplo, que la escalada del conflicto entre Venezuela y Colombia, así como entre Chile y Perú, han ido creciendo en forma significativa.
En el primero de ellos, entre Venezuela y Colombia el conflicto, ha llegado al área fronteriza. El general de División Eusebio Aguero, comandante de la Segunda División de Infantería, confirmó en una rueda de prensa la voladura de dos vías de comunicación entre Venezuela y Colombia. Aguero se refirió a ambas estructuras como pasos peatonales -no como puentes- que no figuran en los acuerdos internacionales, a través de los cuales, afirmó, fluye el narcotráfico, los paramilitares y el contrabando de gasolina. El comandante aseguró que era una decisión soberana del estado venezolano y no descartó la voladura de otras construcciones similares. Por su parte, Colombia denunció que oficiales del Ejército venezolano habían volado dos puentes que unen al municipio Rafael Urdaneta, en el estado Táchira, y la población de Ragonvalia, en el departamento del Norte de Santander. La embajada de Colombia en Caracas no hará ningún pronunciamiento, según confirmaron fuentes diplomáticas. Cualquier reclamo, dijeron, se tramitará a través de la cancillería colombiana con los organismos multilaterales. Bogotá ha preferido no revolver aún más las aguas. El gobierno de Venezuela, en cambio, ha optado por avivar la polémica tras reconocer la voladura de los dos puentes rudimentarios. “La denuncia internacional que prepara Colombia contra Venezuela es una provocación y una manipulación de sus autoridades”, aseguró el vicepresidente Ramón Carrizales, quien además criticó nuevamente el acuerdo militar del país vecino con Estados Unidos. “Ellos tienen una base militar yanqui y están tratando de ocultar su realidad: que entregaron la soberanía de su país y eso amenaza la integridad territorial de todos los países de Latinoamérica”
El ex presidente Ernesto Samper ha puesto en duda que la decisión del Gobierno de trasladar a la ONU y la OEA las “amenazas de guerra” del mandatario venezolano, Hugo Chávez, vaya a solucionar el enfrentamiento.
Lo único que va a hacer es llevar “a un terreno diplomático la escalada del conflicto, sin que realmente se vaya a avanzar mucho en su solución”, “Simplemente vamos a asistir ahora a unos debates multilaterales en los cuales se acusará a Venezuela, país que se defenderá, habrá aliados a favor y en contra de Colombia y Venezuela sin que hayamos avanzado absolutamente nada en la resolución del conflicto.
El otro conflicto, que esta escalando es Chile–Perú, las relaciones diplomáticas entre ambos países han alcanzado su punto más álgido en mucho tiempo, tras el estallido del caso del supuesto espionaje de Chile al Perú. El conflicto se originó el luego de que se filtrara a la prensa información sobre la captura del técnico inspector de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), Víctor Ariza. A raíz del impasse suscitado, el presidente Alan García adelantó su retorno de la cumbre del APEC en Singapur, canceló la reunión que iba a sostener en dicho país con la presidenta Bachelet y llamó a consulta al embajador de Perú en Santiago. Poco después de aterrizar en Lima, García convoco al Consejo de Seguridad Nacional en Palacio de Gobierno. Finalizada la reunión, el jefe de Estado leyó un comunicado en el que se refirió en términos muy duros a la parte chilena. Señaló, entre otras cosas, que los perpetradores de “esta ofensa que se hace a la soberanía del Perú […] conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas en la relación de Chile con sus vecinos”. Con respecto a las razones por las que Chile espiaba al Perú, García indicó que se debía al “complejo de quienes ven con temor el crecimiento del Perú, su desarrollo democrático y económico”.
Chile, por su parte, dice que revisará con “serenidad” las pruebas presentadas por Perú, pero niega el espionaje. Perú amenazó con revisar sus relaciones con Chile si Santiago no investiga el supuesto caso de espionaje contra su país. Diputados y senadores chilenos han señalado que Perú intenta hacer parecer a su país como beligerante, como estrategia de cara a la causa que verá el tribunal en Holanda, por su parte congresistas peruanos solicitan la revisión del Tratado libre Comercio entre ambos países.
Cada vez que se suscita una de esas crisis periódicas entre Santiago y Lima, los comunicados de los gobiernos y las opiniones de los políticos suelen estar enfocadas en obtener, ante todo, el favor de la opinión pública.
De hecho, para algunos analistas, la motivación de Perú para la escalada de la controversia podría ser principalmente interna, con un García que se enfrenta a una caída en su popularidad y escándalos de corrupción y la presión de las FF.AA. por reequiparse, lo que se les hace difícil con un mandatario que a diestra y siniestra predica el fin del armamentismo en la región, con lo cual, a través de la estrategia del espía, justificará posteriormente la compra de armamento para su país.
Lo cierto es, que la persistencia de las causas subyacentes de estos conflictos en desarrollo, si no se tratan las raíces profundas del problema, los esfuerzos de reconstrucción de relaciones perdurables, están condenados a ser simplemente cosméticas, y podrán detenerse las escaladas, pero los conflictos continuaran latentes entre los Estados involucrados y por ende, la paz no asegurada.
El problema, es que conflicto armado puede desarrollarse rápidamente si muchas personas piensan no sólo que es un medio legítimo sino el único para garantizar las necesidades básicas y solucionar sus problemas internos. En otras palabras, la gente piensa que vive una situación injusta y que debe rectificarla con las armas. Sin embargo, muchas personas no toman este tipo de decisión de manera espontánea. En realidad, se movilizan políticamente, medida que los dirigentes se granjean su simpatía y su convencimiento, su lealtad y su compromiso. Y luego se les persuade y se les exhorta a guerrear. Por consiguiente, ningún análisis adecuado del conflicto violento y de su escalada o recaída puede soslayar la dimensión política, aunque algunos crean que sólo con el intercambio económico se solucionan los problemas interestales.
Si bien las teorías de las ciencias sociales tienen una visión de largo plazo, en la política predomina el cortoplacismo. Por tanto, todo intento por comprender al conflicto, especialmente si se transforma en armado, como fenómeno global debe abarcar la amplia realidad socioeconómica; pero los esfuerzos de análisis de un conflicto armado concreto deben centrarse en la política y en las acciones de individuos y organizaciones concretas, y en ambos conflictos están a la vista los actores y sus motivaciones.
Otro factor a tener en cuenta en el análisis, y que hace más difícil la solución, especialmente en el caso peruano, es la existencia del nacionalismo, que es una ideología política que reivindica la congruencia territorial entre estado y nación. Pero es algo más también: es una compleja reacción social, cultural, intelectual y emocional frente a la desestabilización socioeconómica y política de la cual culpan a Chile.
La desestabilización social que estos enormes y ciegos procesos históricos pueden producir, no sólo generan condiciones de intensas rivalidades de poder entre las distintas facciones de las élites sociales y políticas, sino que pueden también conducir a amplias capas de la población a una situación de profunda inseguridad e incertidumbre. Los efectos de tales cambios históricos sobre las vidas individuales son arbitrarios, frecuentemente devastadores, y difíciles de entender. En tales circunstancias, para muchas personas comunes, la reivindicación de la identidad de grupo se torna atractiva, siendo tal vez lo único que les ayuda a darle cierto sentido a lo que les está ocurriendo.
Por consiguiente, sean cual sean los temas controvertidos, en un conflicto que surge de cambios y desestabilización tan grandes, los dirigente políticos tendrán mayores posibilidades de movilizar a sus correligionarios si presentan las cosas como una batalla por la identidad, orgullo y justicia nacional, como lo hacen Chávez y García.
La tragedia es que, una vez puesta la máscara nacionalista, es muy difícil quitarla. Cuando el renacimiento del sentimiento de grupo coagula en torno al resentimiento y las quejas, sobre todo en tiempos de crisis o guerra, parece producir odios irreconciliables y conflictos prolongados y frecuentemente cíclicos. La creencia en la causa es estar convencido de su razón y justicia.

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Este jueves el presidente Hugo Chávez anunció que el gobierno de Venezuela comprará tanques de guerra a Rusia para duplicar su flota y fortalecer sus fuerzas armadas en medio de crecientes tensiones con Colombia por su principio de acuerdo militar con Estados Unidos, que les permitirá a soldados de este país operar desde bases colombianas.
Los gobiernos de Colombia y EE.UU. iniciaron un principio de acuerdo que permitirá a militares estadounidenses operar en al menos tres bases colombianas.
Esto se da después de que Ecuador a instigación de Chávez, se negó a renovar el permiso a militares estadounidenses a utilizar la base aérea de Manta para operativos antidrogas.
El mandatario venezolano explicó que los nuevos tanques forman parte del “Plan Escudo de Occidente” para proteger la frontera con Colombia, desde donde cree que Estados Unidos prepara una ofensiva.
Chávez añadió que los planes castrenses de su país fueron comunicados oficialmente al gobierno de Rusia, el principal proveedor de armas de Venezuela, que entre 2005 y 2007 le vendió 24 aviones caza Sukhoi, 50 helicópteros de combate y 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov.
Recientemente en el aniversario de la independencia de Bolivia, con la presencia de Fernando Lugo, Rafael Correa y Hugo Chávez y la participación en un desfile de cadetes paraguayos de la Escuela Militar, Evo Morales lanzó en La Paz la propuesta de crear las “Fuerzas Armadas Bolivarianas” para “luchar contra el imperio”.
Lo cierto es que, esta nueva amenaza imaginaria de Chávez, le permite llevar a la práctica, la incorporación activa de la población en las operaciones de defensa que es el paso más decisivo del gobierno en la aplicación concreta del novel principio constitucional, establecido en el título VII de la Carta Magna, que prevé que “la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos, sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.
Con ello, se asegura una milicia popular armada que puede estar atenta a su propia defensa y así evitar lo que ha ocurrido en Honduras. La creación de las milicias populares ha activado desde hace tiempo la alerta en la opositora Coordinadora Democrática, la totalidad de cuyos voceros han asegurado, que el objetivo es armar a seguidores del chavismo para perseguir a los adversarios del gobierno e imponer un régimen dictatorial.
Desde que está Chávez en el poder se han gastado cerca de 30.000 millones de dólares en armamento: ha comprado aparatos de última generación, escuadrillas de aviones comparables con los F-19 de los EE.UU., instalado fábricas de municiones y de fusiles y acaba de anunciar que va a comprar dos divisiones más de tanques de guerra.
La fluidez de los acontecimientos políticos en la región y la negativa de Ecuador de continuar prestando territorio para la base de Manta, demanda a Estados Unidos buscar alternativas, para mantener la continuidad de las operaciones de vigilancia e interdicción contra el narcotráfico. Se debe remarcar que el objetivo del terrorismo está incluido con prioridades cambiantes y difusas, como así también las otras nuevas amenazas, como el tráfico de armas y de personas.
Ante esta situación, se encuentra lo anunciado por Colombia sobre el uso de bases navales y aéreas. Según un medio colombiano estas serían cinco: la base de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en Malambo (departamento Atlántico), la de Apiay (departamento de Meta) y la de Palanquero (departamento Cundinamarca), la base de la Armada de Colombia (ARC) Bahía de Málaga (departamento Valle de Cauca) y la de Bolivar ( departamento Bolivar). La de Palanquero es la que tiene la pista de aterrizaje más larga y las mejores instalaciones de infraestructura operativa de apoyo.
Los Estados Unidos tienen en Colombia autorizados por ley hasta 500 efectivos militares y 600 civiles contratados en forma permanente.
Lo cierto es que, la influencia de Hugo Chávez en la región caribeña, centro y sudamericana a logrado adhesiones en los gobiernos de Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y Rafael Correa de Ecuador, quienes han adoptado posiciones abiertamente antinorteamericanas, a los que se había sumado en los últimos meses, en forma sorpresiva, Manuel Zelaya de Honduras, lo que provocó su caída y el inicio de una crisis en desarrollo, con posible extensión a los países vecinos, especialmente Nicaragua.
Colombia necesita de la presencia activa de EE.UU., en el combate al narcotráfico y es por ello, que en nada esto significa una amenaza para Venezuela y sus otros países vecinos, por el contrario debería favorecerles si en ellos, estuviera también la voluntad política de enfrentar unidos la lucha contra el narcotráfico, cosa que al parecer lamentablemente no es así.

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