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LA VERDADERA AMENAZA DE LATINOAMÉRICA ESTA DENTRO DE SUS PROPIAS FRONTERAS: LA CORRUPCION, LA POBREZA, LA MARGINALIDAD SOCIAL Y LA MALA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES, QUE LLEVAN AL POPULISMO ANTI DEMOCRÁTICO.

pobreza La corrupción e inoperatividad de su clase política y judicial, el engaño a la población con falsos y estereotipados discursos de democracia y de futuro, el deterioro de la convivencia, y el hundimiento de las economías familiares al tiempo que el beneficio de sus recursos naturales se escapan al exterior, han llevado al pueblo latinoamericano a una situación de hastío, que los hace vulnerables a los candidatos antisistémicos, generando líderes tipo Chávez, Morales, Lugo, Correa y otros que se avecinan por el mismo camino en las futuras elecciones presidenciales de los países latinoamericanos. Por otra parte, la exclusión social y los fenómenos asociados, como la pobreza, la discriminación y la informalidad conforman un contexto fértil para que, estos líderes puedan hacer brotar los gérmenes de la violencia y el terror en los segmentos pobres, marginados, separados de las metrópolis y las conglomeraciones urbanas grandes. A lo anterior es necesario agregar que la exclusión social, como en el caso de América Latina, provoca el alto riesgo que se profundiza o se consolida en ciudades divididas, en el ámbito espacial, social, cultural, cuando la ausencia de los actores legítimos de la ley y del orden se manifiesta en forma crónica, se abre el camino para los actores armados privados e informales que ocupen el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos de desintegración, dominio de criminales, del terror y el miedo. Hay una tendencia para la consolidación de este fenómeno tomando en cuenta que la juventud de estos barrios, favelas, poblaciones, barriadas o comunas de miseria está acostumbrándose desde su niñez a la “normalidad” de la violencia, siendo “catequizados” por la violencia doméstica habitual, por la violencia omnipresente en la calle y por la actuación represiva incesante de la policía que, cuando se hace presente, está presente con pistola o ametralladora en la mano. Las políticas públicas que pretenden combatir la exclusión social y “pacificar” la relación cívico-policial, entonces, aparentan ser sino una solución, por lo menos un freno a este proceso de deterioro. Combatir la exclusión social, fortalecer el tejido social local, balancear bien entre las tareas represivas y las preventivas de la policía nacional y local, fortalecer los gobiernos municipales y locales y, sobre todo, ganar y mantener la confianza de las organizaciones populares locales parecen ser los ingredientes del cóctel de buen gobierno en asuntos de seguridad cívica. Uno de los ejes centrales es la confianza mutua entre las fuerzas del orden y la población local, y la participación voluntaria en comités de seguridad local. En un informe del PNUD sobre el estado de la democracia en América Latina, que hace uso de una encuesta del “Latinobarómetro”, nos informa que, la mayoría de la población latinoamericana preferiría un gobierno de tinte autoritario que llegara a encontrar una solución para la pobreza masiva. Eso contribuye a la formulación de 15 la pregunta sobre el carácter de la estabilidad del orden político que implica la existencia generalizada de una ciudadanía de segunda clase. La pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estándar de integración de los marginalizados urbanos. Segmentos considerables de la población de América Latina sobreviven en la economía y sociedad informal donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta nueva violencia son reclutados de las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción de los fundamentos morales del orden democrático y los perímetros de la ciudadanía. La violencia crónica, incluso dentro de los límites de los enclaves territoriales restringidos contribuye a la erosión de la legitimidad del orden político. Es paradójico que varios gobiernos latinoamericanos, como los líderes populares y las autoridades religiosas en su contexto local, hayan aceptado una coexistencia pacífica de facto con los actores no estatales de la violencia, mientras que ellos no constituyan públicamente una amenaza para las autoridades políticas de nivel nacional. La pregunta clave es, por supuesto, cuánto tiempo más la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina puede ser garantizada por este precario equilibrio entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de la violencia, que es alentada por los líderes que quieren el quiebre del sistema democrático y entronizarse en el poder utilizando las masas descontentas para lograr imponer sus ideologías populistas, aprovechando la ignorancia de sus pueblos, la indiferencia de las clases políticas e intelectuales y la violencia existentes debido a la exclusión, la marginación, la corrupción y la desesperanza en los gobiernos.