Geo-Delphos

La noticia de que el gobierno de los EE.UU. no apoyaría la reelección del actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, tiene toda la razón y se justifica plenamente por el manejo mañoso, que éste en ejercicio de su cargo internacional ha hecho de la de la Carta Democrática, no sólo en el caso de Cuba, sino que fundamentalmente en el caso de Venezuela y los países del Alba, que tras diferentes artilugios legales y de cambios constitucionales están llevando a sus países a dictaduras de la línea con la que se identifica Insulza. Se trata, del club de líderes autoritarios y socialistas de América Latina, reunidos en el ALBA, una organización que dice ser una alternativa económica para las Américas pero que se ha convertido en un club de conspiradores para desmantelar la democracia en la región y transformarla en una dictadura al estilo cubano, pero de tamaño hemisférico, con el apoyo de la indiferencia del actual presidente de la OEA. Honduras iba a ser la próxima conquista en este proyecto hegemónico que ya cuenta con Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador entre sus miembros.
El gobierno de Chávez, viola constantemente este compromiso internacional de “La Carta Democrática” de los países de América, bajo el amparo de la indiferencia del Secretario General de la OEA. A modo de ejemplo, en su artículo primero, la Carta señala. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Chávez, encabeza un régimen militar encubierto y como tal su ideología es la fuerza y hasta donde pueda llegar con ésta. Si no da para copar todos los espacios democráticos, entonces no se copan, pero no por fidelidad a la democracia, sino porque no les alcanza la fuerza, y ahí urgen movidas supuestamente legalistas para lograrlo.
El artículo tercero indica “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. La oposición en Venezuela ha sido diezmada por el poder, las elecciones han sido abiertamente manipuladas por Chávez, buscando a través de distintos mecanismos cambiar los resultados de las mismas, lo que ha sido permanentemente denunciado por los mismos venezolanos. Insulza también ha cerrado sus ojos a la violación sistemática de los derechos humanos y los procesos democráticos llevada a cabo por el régimen de Chávez en Venezuela. El último ejemplo del abuso de poder de Chávez ha sido la manera en que su régimen está tratando a los gobernadores y alcaldes de la oposición quienes fueron elegidos en diciembre de 2008. Furioso por su derrota ha hostigado a los funcionarios elegidos por el pueblo, negándoles los fondos a los cuales constitucionalmente tienen derecho y, en el caso del Alcalde Mayor de Caracas Antonio Ledezma, sacándolo de su despacho legítimo para colocar ahí a una “gobernadora” nombrada a dedo, quien ha asumido, de manera inconstitucional, el rol del alcalde electo.
El artículo cuarto de la Carta indica: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Sin dudas, que la libertad de expresión está en crisis en Venezuela y en general en los países suscritos al Alba, de hecho un informe publicado por la ONG basada en Estados Unidos Freedom House calificó a Venezuela como un país “sin libertad de prensa”, en los ocho años de la “era Chávez” han aumentado las denuncias de agresiones contra periodistas y contra instalaciones de medios de comunicación por parte de grupos “populares” insatisfechos con las críticas que se le hacen al gobierno, hoy se encuentra por la vía legal en proceso de suspensión de 70 radioemisoras que no son de su línea ideologica.
Artículo 12 de la Carta señala “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.” Qué duda cabe que Venezuela bajo el régimen chavista ha bajado todos sus índices de desarrollo, Chávez, está ilegalmente apropiándose de miles de millones de dólares derivados de la venta del petróleo venezolano y utilizándolos para subvertir otros gobiernos latinoamericanos y no para lograr que su pueblo pueda salir del subdesarrollo en que se encuentra.
En la implantación de esta estrategia de dominación progresiva los países del ALBA han encontrado un poderoso aliado en José Miguel Insulza, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Insulza es un izquierdista que ha visto en Chávez un vehículo para promover su agenda política personal, él no debe olvidar que para su elección al cargo contó con el apoyo que recibió al menos de diez votos de los países del Caribe, con los que el presidente Chávez ha forjado una sólida alianza. Se convirtió en Secretario General de la OEA y espera ser re-electo, ambas cosas con el apoyo de Chávez. Para este fin ha estado jugando para el equipo del ALBA desde hace algún tiempo. Fue el promotor de la iniciativa para cancelar la resolución de 1962 que expulsó a Cuba de la OEA, abriendo el camino para que esta vuelva a la organización.
La tolerancia que Insulza ha demostrado hacia la dictadura de 50 años en Cuba contrasta dramáticamente con el ultimátum de 72 horas que él le dio al nuevo gobierno de Honduras para reinstaurar a Zelaya en la presidencia, sin escuchar lo que la otra parte tenía que decir.
José Miguel Inzulsa desde que actúa como secretario General de la OEA, ha tratado de ser complaciente con las corrientes más extremistas del hemisferio, según dicen algunos por sus convicciones ideológicas pero también para asegurar que las fuerzas de la Concertación, la coalición gobernante en su país logre seguir en el poder.
Pero no es un problema para la OEA, institución históricamente muy desacreditada desde hace años por su ineficiencia, que su funcionario principal tenga otras aspiraciones, lo que sí es negativo y objeto de críticas justificadas es la parcialización de ese funcionario en los diferendos que se han presentado en el hemisferio en los últimos cuatro años.
La Organización de Estados Americanos ha coincidido estratégicamente, ideológica y políticamente, con el Grupo de la Alianza Boliviarana de las Américas, artífice de todo el operativo político contrario al derrocamiento de Zelaya, que tuvo lugar en Managua a las pocas horas de la destitución del mandatario. A ese encuentro se sumaron otros gobernantes entre ellos, el monarca cubano Raúl Castro, quien pidió abiertamente una intervención de Estados Unidos, que en este caso no violaba el sacrosanto principio de la No Intervención y Respeto de la Soberanía de los Pueblos, por los que tanto clama la izquierda decimonónica.
Las agresiones de Chávez a Colombia, y su apoyo a los terroristas de las FARC nunca han sido condenados por Insulza. El ex presidente Lucio Gutiérrez, que también tuvo veleidades chavistas, fue derrocado en abril del 2005 por congresistas de la oposición que adujeron que el mandatario había abandonado su cargo, lo que no fue cierto. La acusación contra Gutiérrez era trivial, sin sentido. Aun así fue derrocado y la OEA, que ya dirigía Insulza, hizo mutis por el foro. Gutiérrez, recientemente citó informes de inteligencia militar y policial de que en el golpe de estado en su contra habían actuado agentes venezolanos.
Hay innumerables ejemplos de la intromisión de Chávez y de la parcialidad de la OEA con Inzulsa en los asuntos latinoamericanos y es por ello, que la posición de los EE.UU. y otros Estados democráticos no puede ser otra que la de no aceptar la reelección de alguien que ha hecho mucho daño a esta ya débil y desacreditada Organización.

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El Presidente de Costa Rica, Oscar Arias aseguro que el golpe de estado en Honduras evidencio el riesgo de contar con autoridades militares poderosas en países donde la autoridades civiles son débiles, sin dudas que esta aseveración esta sesgada por la historia militar latinoamericana. Los políticos latinoamericanos, se caracterizan por una desconfianza hacia los militares de sus respectivos países, no dándoles credibilidad y por ende espacio, para asesorar en asuntos atingentes a la política exterior de sus respectivos Estados. Sin dudas esto es motivado por la injerencia en política contingente que han tenido, especialmente a fines del siglo XX, algunas FF.AA., en sus respectivos procesos políticos a través de la historia, aunque, normalmente, ellos se han debido al abuso del poder que han hecho algunos gobernantes latinoamericanos, que se sienten verdaderos “dueños” de sus países una vez elegidos democráticamente, pasando por sobre la propia institucionalidad y no respetando a las instituciones permanentes de sus respectivas repúblicas.
Pero, en EE.UU país donde la democracia se ejerce con mayor fuerza, vemos otra realidad, el aparato de política exterior comprende las fuerzas armadas, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el departamento de Estado y segmentos esenciales de otros departamentos gubernamentales, cada uno de ellos con una inercia constitucional considerable y controlado por profesionales experimentados que han visto entrar y salir a muchos presidentes. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se encarga de coordinar este agregado, a menudo caótico, de intereses burocráticos contrapuestos, cuyos conflictos se acentúan por la ocupación de algunas partes del sistema por individuos de gran poder o grupos de presión extra gubernamentales.
Todo el proceso considera la participación de los mandos supremos de las fuerzas armadas a la hora de dirigir la política exterior –lo que no ocurre prácticamente en ningún país latinoamericano–. No sólo el presidente y los distintos jefes de la Junta de Jefes de Estado Mayor, sino también los comandantes regionales en el extranjero suelen ser tan influyentes a la hora de determinar su rumbo como los representantes civiles que teóricamente son sus responsables. Esto tiene una ventaja, los oficiales superiores son educados y reflexivos, han adquirido gracias a la doctrina el sentido de la proporción en el comportamiento en la política y en la guerra, y suelen ser mucho más profundos desde el punto de vista moral que muchos de sus compañeros civiles. Ello porque la mayoría de ellos han entrado en combate y conocen el precio que tienen las acciones militares, algo que muchos parecen no apreciar lo suficiente.
Como senador, el actual presidente Obama tenía una buena perspectiva desde la que podía observar a todas estas personas y todos estos procesos. Cuando era estudiante de historia de Estados Unidos, seguramente leyó suficientes biografías de presidentes como para aprender que los presidentes modernos, a partir de Franklin Roosevelt, han tenido que luchar contra el sistema y a menudo también contra sus más cercanos asesores (el caso tanto de Kennedy como de Johnson). Los lectores de las memorias de Kissinger recordarán la hostilidad de Nixon hacia el gobierno permanente. Los nombramientos más importantes del actual presidente fueron, por tanto, instructivos. Su primer paso fue pedirle a Robert Gates que siguiera siendo secretario de Defensa. Gates es un ex director de la CIA (era un experto en la antigua Unión Soviética) al que George W. Bush llamó a Washington para sustituir a Rumsfeld. Se le atribuye el mérito, junto a la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y a otros funcionarios y militares de alto nivel, de haber persuadido a Bush de que no permitiese que Israel atacase Irán. Junto al almirante Mullen, el militar de más alto rango, advirtió sobre los riesgos de apurar los límites de la capacidad militar del país y, junto al almirante, defendió públicamente los usos positivos de la diplomacia. Piensa que el departamento de Estado debería tener más fondos, una concesión implícita a los que opinan que las fuerzas armadas han usurpado funciones que no les corresponden. No está claro cuánto tiempo permanecerá en el cargo. El que se le haya mantenido en el puesto resulta ambiguo y puede que fuera ése el propósito. Es una recompensa por su moderación y un gesto hacia el gobierno permanente.
Otro ejemplo, el presidente Obama, ha nombrado a dos comandantes militares jubilados para ocupar puestos que podrían haber ocupado civiles. El general James Jones, ex comandante de la Marina estadounidense y de la OTAN y ex combatiente de Vietnam, es su asesor de Seguridad Nacional. Fue al colegio en Francia y se licenció en Georgetown, la universidad jesuita. Se le considera un tecnócrata desapasionado. El almirante Dennis Blair es el director del servicio secreto nacional, el responsable de coordinar el trabajo de las diferentes agencias de espionaje. Blair fue comandante de la flota del Pacífico y no siempre se mostró puntilloso a la hora de cumplir órdenes con las que no estaba de acuerdo. El director de la CIA, a sus órdenes, es el ex congresista Leon Panetta, que también fue jefe de personal con Bill Clinton. Como abogado, aporta sensibilidad política a una organización que no siempre se ha distinguido por poseerla.
Sin dudas, que utilizar militares experimentados como asesores en la política exterior sería un beneficio, que incluso permitiría mejorar la gestión, especialmente si se tiene en cuenta que muchas veces en Latinoamérica las relaciones inter FF.AA., están en mejor pie de desarrollo, que las relaciones diplomáticas entre los mismos Estados a las que representan.
Lo cierto que esta desconfianza, resta potencialidad al manejo de la política exterior de los Estados Latinoamericanos, el liderazgo estratégico que tiene el militar profesional ha ido desarrollando con el tiempo un carácter político más explicito. En este sentido según Morris Janowitz, la palabra política tiene dos sentidos: uno interno y otro externo. En el nivel interno, políticas son las actividades de la institución militar para influir en las decisiones legislativas y administrativas sobre políticas y asuntos de seguridad nacional. En el nivel externo, políticas son las consecuencias de las acciones militares sobre el equilibrio internacional de poder y sobre la conducta de las demás naciones.
Lo cierto, que es deseable en los Estados modernos contar con asesores militares en sus ministerios de relaciones exteriores y utilizar la experiencia internacional que tienen hoy día los militares, producto de la globalización de funciones de seguridad y defensa, como son las misiones de paz.

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Para la izquierda sin dudas se trata de un golpe militar, y como tal, debe ser ideológicamente repudiado y no aceptado, pero sin dudas que cuando se escriba bien la historia, no será un golpe sino un pronunciamiento, que saca del poder a un gobernante que viola el Estado de derecho que se comprometió a respetar.
Según Margarita Montes egresada del Instituto Político de Estudios Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín en Costa Rica, La remoción del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por parte de las Fuerzas Armadas, rompe paradigmas de la historia política contemporánea de América Latina. Por primera vez en la era de la post Guerra Fría (desde 1989 hasta la fecha), un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romper el Estado de Derecho en un país, como era característico de los militares en épocas anteriores.
Este caso no se puede catalogar como un “golpe de Estado”, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho. La acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial y su propósito fue restablecer el Imperio de la Ley (rule of law), el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio Presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo (checks and balances). Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, con lo cual se nombra un nuevo Presidente Constitucional.
Y es que desde el punto de vista de la politología, Honduras sentó un precedente, el cual sin duda pasará a ser un caso de estudio de universidades, diplomáticos y políticos alrededor del mundo. Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país.
Por eso es que la prensa internacional, los organismos internacionales y gobiernos alrededor del mundo, no han comprendido aún el contexto y la esencia de este caso, y están condenando lo que ha sucedido en Honduras, pues lo están analizando en base a conceptos propios del viejo paradigma de los golpes de Estado durante la época de la Guerra Fría. La comunidad internacional, pública y privada, aún no ha tenido el tiempo, ni los elementos, para percatarse que en Honduras se rompió un modelo y que se trata de un caso completamente sui géneris.
La lección que dio Honduras al mundo ayer es clara: aunque un Presidente haya sido electo democrática y legítimamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución y las leyes de la República. Los pueblos ya no están dispuestos a tolerar ese tipo de abusos de poder de los Presidentes constitucionales, que muchas veces se consideran intocables, por el mismo hecho de haber sido electos por el pueblo. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir, y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley.
El triste papel que en este caso ha desempeñado la OEA, al pronunciarse sin conocer la verdad de lo que ocurrió, también es una nueva interpretación de lo que no deben hacer los organismos internacionales, ponerse sobre el bien y el mal y creer que por poseer un poder determinado pueden inmiscuirse en los asuntos de sus Estados miembros con miradas parciales e ideológicas sin ser neutrales antes de emitir juicios políticos e inmiscuirse abiertamente en asuntos soberanos de los pueblos.
El gobierno mundial no existe y si existiera sería un desastre para el mundo, porque los que sustentan el poder serían los dueños de la libertad de os pueblos. La vicecanciller interina de Honduras, dijo en una intervención televisada que la decisión se debe a que “la OEA cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los estados que aman su libertad y defienden su soberanía”, pese a que “Honduras ha participado en el sistema interamericano desde sus primeros pasos, en 1889”.
La funcionaria afirmó que “el Gobierno de Honduras repudia las pretensiones de imponerles medidas unilaterales, reafirma la plenitud de su soberanía y el ejercicio de sus competencias internas de acuerdo a su constitución”.
Uno de los efectos más fuertes que puede tener la suspensión de un país del organismo es el congelamiento de créditos, algo que podría afectar gravemente a Honduras, el tercer país más pobre de América Latina.
El Secretario General de la OEA Insulza hizo un llamado a la prudencia porque, a su juicio, en los próximos días podrían registrarse enfrentamientos debido a la inestabilidad y la polarización del país. Sin dudas que su mirada desde la izquierda es una mirada de violencia, como lo ha sido siempre en la historia. Al ser consultado sobre qué otras medidas de presión podrían ejercer la OEA, dijo que entre las atribuciones del organismo no está actuar contra gobiernos de facto. Para él “de Facto” es un gobierno que asume constitucionalmente para corregir los errores constitucionales de un ex gobernante de izquierda, pero sin dudas que no sería así si el pronunciamiento militar hubiera removido a un presidente de derecha.
¿Por qué la izquierda internacional, que actualmente domina el mundo reacciono tan rápidamente ante este hecho? Muy simple, porque ellos, que son los que siempre violan el Estado de Derecho para imponer su ideología, como el caso de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y en general los Europeos, tienen temor que puedan existir Fuerzas Armadas que ante el clamor popular de restablecer el Estado de Derecho puedan oponérseles a sus infames designios. De ahí la política por subyugar a las FF.AA. a sus intereses políticos quitándoles la esencia que debe mantener toda fuerza armada velar por el bien común y seguridad de sus respectivos Estados, estando al servicio de la patria y sus sociedades y no de quienes están en el gobierno de turno, que no necesariamente representan los intereses de sus conciudadanos, toda vez que normalmente las elecciones son manipuladas y los pueblos engañados a través de los medios de comunicación social y el poder del dinero.
Según el jefe de la OEA, la situación que se vive en Honduras rompe con la tradición democrática de los últimos años en América Latina. ¿Pero de qué democracia se trata? La que ellos imponen, la de la izquierda, sólo ellos son demócratas.
Esta es la triste realidad especialmente de de Latinoamérica, donde el populismo está siendo impuesto, pero donde, que el caso de Honduras abre una luz de esperanza para el futuro de la verdadera democracia en el continente.

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