PERÚ, RELACIONES DE ENEMISTAD HACIA CHILE, UNA CONSTANTE HISTÓRICA PERMANENTE, QUE VUELVE A QUEDAR EN EVIDENCIA CON LOS CUESTIONAMIENTOS AL T.L.C.
05 marzo 2009
La postura peruana hacia Chile, por más que se ha tratado a través del tiempo, de llevarla a una relación de hermandad, de una u otra forma, ha surgido tradicionalmente la enemistad, desde la pérdida de territorio durante la Guerra del Pacífico hace más de un siglo.
En estas mismas páginas de Geodelphos, hace poco tiempo en un artículo denominado “Perú, el eterno competidor de Chile, que en la realidad, no otorga ninguna seguridad a los inversionistas chilenos, debido a su impronta cultural anti chilena”, advertíamos a los empresarios chilenos que no se hicieran eco de la llamada que hacía el Presidente Alan García para invertir en Perú en proyectos de largo plazo.
Hoy, confirmamos esta advertencia, ante la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Chile, han surgido las voces nacionalistas anti chilenas para anular dicho tratado. En este sentido, 34 congresistas opositores peruanos presentaron ante el tribunal constitucional una acción legal que busca dejar sin efecto el TLC, firmado en el 2006 por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y su par peruano Alan García. La reacción generada en el ámbito político ante la puesta en vigencia del TCL con Chile, demuestra, por sí solo, el sentido anti chileno que existe en el país del Rímac.
En otro orden de cosas, también en un artículo, Geodelphos hizo un análisis en el sentido de que las relaciones entre Chile y Perú “si o si” estarían influenciadas por el tribunal de la Haya, lo que para el gobierno peruano no era así, según ellos, el diferendo no debía interferir en las relaciones y debe correr por carriles separados. Sin embargo, ante la oposición al tratado, lo primero que invoca el gobierno Peruano es advertir que esa campaña opositora puede favorecer a Chile en el tribunal de La Haya, que debe pronunciarse sobre la demanda de Lima para modificar el límite marítimo entre los dos países. Perú alegó soberanía sobre un área aprox. de 100.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, señalando que los acuerdos firmados con Chile son sólo limitados a la regulación pesquera. Chile sostiene que estos tratados (1952–1954), más la práctica de los Estados (Esttoppel), son sus pruebas irrefutables. Esta delimitación se originaría tras las guerras del S. XIX.
Como vemos, el diferendo no corre por canales separados, como propone el gobierno peruano, sino que condiciona y seguirá condicionando las relaciones entre ambos países. De hecho la discusión en el Perú es sobre la inclusión de clausulas sobre las 200 millas marítimas y los efectos favorables a Chile en el tribunal de la Haya los términos en que se firmo el tratado.
Los opositores al TLC, acusan al gobierno de García de actuar con entreguismo ante su par chileno al elaborar un convenio comercial que atenta contra los intereses económicos nacionales y manipula tendenciosamente la definición constitucional de territorio y soberanía, por lo que consideran necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor de la demanda de inconstitucionalidad presentada.
Por su parte, la ministra de Comercio Exterior de Perú, Mercedes Aráoz, sostiene que hay una cláusula que permite paralizar el “Acuerdo de Complementación Económica” (ACE) entre Perú y Chile ya que éste contiene elementos de protección a la seguridad nacional. Precisó que el artículo 17.2 del ACE, sobre seguridad esencial, indica que “ninguna disposición del presente acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a las partes aplicar cualquier medida que consideren necesaria para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad”. En tal sentido, desestimó las afirmaciones del ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien señaló que las empresas chilenas en el Perú sólo podían ser expropiadas por cuestiones de utilidad pública, pero no por seguridad nacional.
Por lo tanto, vemos que las empresas chilenas, no tienen ningún resguardo en el Perú y pueden ser expropiadas en cualquier momento, cuando dicho país invoque problemas de seguridad nacional. El tratado, no solamente cubre las necesidades de expropiación, sino cualquier otra, incluso la puesta en práctica del propio tratado. Se podría suspender la vigencia del tratado si se considera que lesiona la seguridad nacional, y con una cobertura de todas las materias, no solamente de las de expropiación.
De esta forma, vemos que nuevamente para los peruanos las relaciones con Chile, se consideran dentro de una lógica de seguridad nacional y sin dudas que, tarde o temprano, aludiendo problemas de “seguridad nacional”, puede llevar a los empresarios chilenos a perder sus inversiones. Especialmente considerando que existe un tema pendiente respecto a la limitación marítima, hecho que fue unilateralmente creado por el Perú durante el gobierno del presidente Toledo.
Además, resulta conveniente añadir otros elementos de análisis de la situación interna de Perú y la política exterior que lleva adelante el Presidente García en relación a Chile, básicamente, apuntada a la competencia entre ambos Estados, de manera de encauzar el sentimiento antichileno al ámbito económico y comercial, demostrando que tienen la capacidad de superar los índices de crecimiento y prosperidad que registra Chile.
Por otro lado, no debemos de olvidar, que la oposición peruana es liderada por Ollanta Humala, quien obtuvo el 47% de las preferencias en las pasadas elecciones presidenciales, siendo abiertamente de una postura anti chilena y, que el gobierno de García tiene una baja aprobación en las encuestas de opinión pública, lo que hace aún más poderosa la posición de los anti chilenos en el Perú, otorgándoles una alta posibilidad de acceder al poder en las próximas elecciones presidenciales, con lo que el panorama para los chilenos en el Perú cambiaría radicalmente.
En resumen, los empresarios chilenos en el caso peruano, deben estar consientes que dicho país, por una impronta histórica no les otorga ninguna seguridad, aunque estén suscritos a la Organización Mundial de Comercio. La historia ha demostrado, que para el Perú todo lo chileno puede ser considerado como un problema de seguridad nacional y en esa lógica, incluso sin mediar motivo justificable alguno, o sólo por poner un cortina a problemas de política interna, puede expropiar o suspender las inversiones chilenas en ese país.
Email this post
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.